Tras las medidas necesarias que se debieron tomar por el COVID-19, si bien todos los países se vieron afectados en todo sentido, los países más pobres son los que más sufren los problemas económicos.
Una mujer de un barrio pobre de Brasil fotografiada en la ventana de su casa.
Más allá de las medidas tomadas por los Estados y que han sido valoradas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), se avizora un escenario económico negativo en Latinoamérica, con impacto directo a millones de personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, con salarios e ingresos insuficientes para su subsistencia.
De acuerdo con la CEPAL, la base de datos difundidos al 2018, en Latinoamérica había 60 millones de personas en extrema pobreza. Los países donde más aumentó esta situación son Brasil (a 5.5%), Bolivia (a 16.4%) y Ecuador (a 6,2%). Una de cada 10 personas en la región vive en condiciones extremadamente pobres. Además, alrededor de 25 millones de personas no tienen acceso a un servicio de agua potable, gestionado de manera segura, según un informe de Naciones Unidas de 2019. Ante esta situación, gobiernos de Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, El Salvador, Chile, Argentina, entre otros, dispusieron el uso de recursos estatales para implementar diferentes mecanismos de ayuda económica, de incentivos y alimentos para los sectores más empobrecidos.
A medida que iniciaba el avance del coronavirus en América Latina, se fueron encaminando medidas como la disminución de las actividades laborales y del funcionamiento de los centros de comercio, lo cual fue generando rechazo de las personas afectadas por la medida y que dependen exclusivamente de la venta de diferentes productos en la calle. Bolivia fue uno de esos casos.
Datos de diferentes instancias al 2019, establecieron que el empleo informal prima en la economía boliviana, alcanzando el 80% y sólo el 20% representaría el empleo formal. Los pueblos indígenas son parte de la preocupación, porque en su mayoría también viven sumidos en la pobreza. El panorama es similar en Argentina. Se ha decretado el confinamiento obligatorio nacional y el cierre de todas las fronteras hasta el 7 de Junio. A la par se determinó el aumento de los subsidios a familias pobres, jubilados y desocupados. Además, se incrementa la preocupación por zonas y barrios donde viven personas en la pobreza y el acceso se dificulta.
Un documento con datos del 2019 indica que el porcentaje de personas con carencias en Argentina en relación a la conexión a alcantarillado, acceso al agua corriente y energía llegaba en el país al 33,5%. En tanto que, los habitantes de la Argentina que ocupan viviendas inadecuadas para habitar representaban un 27,2%.
Hoy los esfuerzos de Estados y ciudadanía van dirigidos a evitar la mayor expansión del coronavirus y pese a su efectividad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que esta pandemia impactará en una economía mundial ya debilitada, afectando en mayor medida a regiones como América Latina. Es decir que el número de personas pobres aumentaría irremediablemente tras la pandemia. Pasaría de los 185 millones de personas actuales a unos 220 millones, sobre un total de 620 millones de habitantes. Y el número de personas que viven en la pobreza extrema ascendería a 90 millones de personas (casi 30 millones más de las actuales).
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